Nahuel Ghione y Axel Pérez recibieron prisión en suspenso. Los policías que encubrieron el hecho si cumplirán prisión efectiva.
Este miércoles, la Cámara 7ª del Crimen homologó el acuerdo al que había arribado el fiscal Sergio Ruiz Moreno con los abogados defensores de los dos acusados de correr una picada que terminó con la vida de Mateo Aguirre la noche del 10 de diciembre de 2016 en Villa Santa Rosa.
La condena a Nahuel Ghione por atropellar al niño a alta velocidad es de tres años de prisión en suspenso, mientras que Axel Pérez recibió un año y medio de prisión, también de ejecución condicional, por participar de la picada fatal.
En la jornada de ayer del juicio, se deliberó principalmente sobre la conducta de dos policías, el comisario Omar Pucheta y el oficial inspector Javier Maidana.
Pucheta fue condenado a cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial absoluta de ocho por abuso de autoridad, falsedad ideológica y encubrimiento. El subordinado Maidana, que actuó de sumariante, recibió una pena de dos años de prisión efectiva y de cuatro años de inhabilitación especial absoluta por falsedad ideológica reiterada.
Ambos uniformados permanecerán en libertad hasta tanto quede firme esta sentencia.
Cabe recordar que los padres de Mateo, se opusieron a penas de ejecución condicional para Ghione y para Pérez, a través de sus querellantes, Leandro Ortiz Morán y Esteban Yangüez Papagenadio.
RESARCIMIENTO
El tribunal accedió de modo pleno a los pedidos de resarcimiento que había articulado el actor civil Ortiz Morán.
Por un lado, Ghione, Luis Alberto González (el dueño de la Kangoo que atropelló a Mateo) y Seguros Rivadavia SA deberán abonar 142.118 pesos en concepto de pérdida de chance a los padres del niño, mientras que por daño moral tendrán que pagar 800 mil al padre, 800 mil a la madre y 400 mil a la hermana de la víctima. Pérez, que corrió la picada, fue excluido de este resarcimiento.
Por otra parte, fueron condenados a pagar de manera solidaria los policías MaIdana, Pucheta y el Gobierno de la Provincia la suma de 400 mil pesos a cada uno de los padres por los delitos cometidos por los uniformados en ejercicio de la función pública.
